Preguntas similares

1. Indique cuál es la opción incorrecta en relación con la impugnabilidad de la actividad administrativa según lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

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• ALa falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.
• BEl recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
• CTambién se admite el recurso contra las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos de la Administración pública que finalicen la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, limitan la posibilidad de continuar el procedimiento, generan indefensión o crean un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, y se considerará admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus acciones materiales que constituyan vía de hecho.
• DAdemás de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones son nulas.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

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• ALa falta de impugnación directa de una disposición general, impide la impugnación de los actos de aplicación que se produzcan en aplicación de la misma.
• BLa desestimación del recurso que se hubiera interpuesto contra una disposición general, no impide la impugnación de los actos de aplicación que se produzcan en aplicación de la misma.
• CMientras esté pendiente la impugnación directa de una disposición de carácter general, no es admisible la impugnación de los actos que se produzcan en aplicación de las misma.
• DNo se permite la impugnación directa de una disposición general, únicamente la de aquellos actos expresos o presuntos que resulten de su aplicación.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

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• ALa falta de impugnación directa de una disposición general, impide la impugnación de los actos de aplicación que se produzcan en aplicación de la misma.
• BLa desestimación del recurso que se hubiera interpuesto contra una disposición general, no impide la impugnación de los actos de aplicación que se produzcan en aplicación de la misma.
• CMientras esté pendiente la impugnación directa de una disposición de carácter general, no es admisible la impugnación de los actos que se produzcan en aplicación de las misma.
• DNo se permite la impugnación directa de una disposición general, únicamente la de aquellos actos expresos o presuntos que resulten de su aplicación.

4. Según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con la representación por procurador en el ámbito contencioso-administrativo:

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• AEs facultativa en las actuaciones ante órganos colegiados.
• BEs preceptiva cuando el asunto verse sobre funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
• CEs preceptiva para las actuaciones ante los órganos colegiados.
• DNo es obligatoria en ningún caso.

5. Según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con la representación por procurador en el ámbito contencioso-administrativo:

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• AEs facultativa en las actuaciones ante órganos colegiados.
• BEs preceptiva cuando el asunto verse sobre funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
• CEs preceptiva para las actuaciones ante los órganos colegiados.
• DNo es obligatoria en ningún caso.