OEP 2025
Fecha del examen 2026-02-08
Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
Delimitación de sus funciones y competencias.
Delimitación del régimen interno de funcionamiento del órgano, incluyendo normas sobre convocatorias, quórum y adopción de acuerdos.
Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
Preámbulo, Título Preliminar, diez Títulos, nueve Disposiciones Adicionales, cuatro Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.
Preámbulo, Título Preliminar, diez Títulos, cinco Disposiciones Adicionales, ocho Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.
Preámbulo, Título Preliminar, diez Títulos, cuatro Disposiciones Adicionales, ocho Disposiciones Transitorias y una Disposición Final.
Preámbulo, Título Preliminar, diez Títulos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.
Una Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales, que resuelva formalmente la abdicación.
Un acuerdo adoptado por las Cortes Generales por mayoría de tres quintos en sesión conjunta.
Una comunicación formal por parte del Rey a las Cortes Generales.
Una Ley Ordinaria aprobada por las Cortes Generales, que resuelva formalmente la abdicación.
Únicamente el Gobierno del Estado puede plantear conflictos positivos de competencia.
Solo el Gobierno del Estado y los órganos ejecutivos superiores de las Comunidades Autónomas.
Además del Gobierno y los órganos ejecutivos autonómicos, también están legitimadas las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
Solo los órganos ejecutivos autonómicos pueden plantearlo, siempre que el conflicto afecte a normas reglamentarias.
Funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal eventual y personal directivo.
Funcionarios/as de carrera, personal laboral fijo e indefinido no fijo y personal directivo.
Funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personal estatutario.
Funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personal eventual.
Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
La Casa de su Majestad el Rey.
Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
La Administración General del Estado.
Solo se aplicará de manera directa el Título I relativo a las “Disposiciones Generales” en todo el territorio del Estado.
Se aplicará con carácter supletorio a los establecimientos penitenciarios militares.
Se aplicará de manera supletoria en aquellas Comunidades Autónomas que ejerzan competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, salvo en aquellos preceptos referentes al régimen económico administrativo de los centros penitenciarios.
Se aplicará de manera supletoria en aquellas Comunidades Autónomas que ejerzan competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal en todos sus preceptos.
Limpieza viaria.
Parque público.
Tratamiento de residuos.
Protección civil.
Declarados secretos por el órgano de contratación de una Entidad Local, mediante acuerdo delegado, por razones de interés público general.
De concesión relacionados con el suministro de agua potable y que tenga por objeto proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje, siempre que el volumen de agua destinado al abastecimiento represente menos del 15% del volumen total de agua disponible.
De servicios jurídicos consistentes en el asesoramiento jurídico prestado como preparación a un procedimiento judicial, cuando el asesoramiento no lo preste un abogado/a.
Cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas.
Cuando se trate de actos dictados por el Consejo de Ministros.
Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
Cuando puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación.
Cuando así lo disponga el órgano superior jerárquico de aquel que dictó el acto administrativo.
El sueldo, los trienios y los servicios extraordinarios.
El sueldo, los trienios y los complementos específicos.
El sueldo y los trienios.
El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.
Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
Garantizarán la atención al ciudadano en castellano, con independencia de la lengua oficial del territorio.
Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
De instituciones o asociaciones públicas, respecto de los regímenes cerrados.
Los/as ciudadanos/as y las instituciones o asociaciones públicas o privadas, respecto de los regímenes ordinarios y abiertos.
De asociaciones privadas ocupadas en la resocialización de los/as reclusos/as, solo en el caso de regímenes abiertos.
Solo de instituciones o asociaciones públicas, respecto de los regímenes ordinarios y abiertos.
Corresponde al/la Juez/a de la Sección de Vigilancia Penitenciaria organizar el cumplimiento de la pena de localización permanente cuando el lugar de cumplimiento sea un establecimiento penitenciario.
La Administración penitenciaria será también competente para la ejecución de la pena de localización permanente en los casos en los que haya recaído resolución judicial que acuerde que el lugar de cumplimiento sea el domicilio del/la penado/a.
La Administración penitenciaria será competente solamente para la ejecución de la pena de localización permanente cuyo lugar de cumplimiento sea un establecimiento penitenciario.
La pena de localización permanente no podrá imponerse sin el consentimiento del/la penado/a.
Aunque hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.
Únicamente si al entrar en vigor la sentencia no haya alcanzado la firmeza.
Hasta que se haya celebrado el juicio, en el caso de que el sujeto se encontrase en prisión provisional.
Solo en el caso de que el sujeto no estuviese cumpliendo condena.
Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.
Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
La suspensión automática de la ley autonómica, sin necesidad de acuerdo expreso del Tribunal Constitucional, pero debiendo ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
La suspensión automática de la ley autonómica, con acuerdo expreso del Tribunal Constitucional, debiendo ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
No puede invocarse el artículo 161.2 de la Constitución de 1978 en conflictos de competencia, sino únicamente en recursos de inconstitucionalidad.
No existe suspensión automática. Solo cabe si el Tribunal Constitucional la acuerda de oficio.
Dos años.
Cuatro años.
Un año.
Tres años.
Franz Von Liszt.
Tomás de Aquino.
Immanuel Kant.
Raffaele Garofalo.
Será autorizada por el Centro Directivo.
Será autorizada por la Dirección del Establecimiento.
Será autorizada por la Junta de tratamiento.
Será autorizada por el Consejo de Dirección.
Seis meses a 20 años.
Tres meses a 20 años.
Seis meses a 25 años.
Tres meses a 25 años.
No, si adquirió el bien en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerlo irreivindicable.
No, la adquisición legal y la buena fe exime la obligación de restitución, sin perjuicio de ser indemnizado por el responsable civil del delito.
Sí, previa indemnización por el autor del delito.
Sí, siempre se ha de restituir, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda.
Nueve miembros del jurado.
Cinco miembros del jurado.
Cuatro miembros del jurado.
Siete miembros del jurado.
Es calumnia la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas.
Las calumnias que consistan en la imputación de hechos se considerarán graves, salvo que se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
Es injuria la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
Cuando haya transcurrido el plazo de garantía sin objeciones por parte de la Administración.
Cuando se haya emitido la factura correspondiente y esta haya sido registrada correctamente.
Cuando el contratista haya realizado la totalidad de la prestación conforme a los términos del contrato y a satisfacción de la Administración.
Cuando se haya abonado al contratista el importe total del contrato o, en su caso, el saldo de la liquidación.
Los/as interesados/as en un procedimiento iniciado a instancia de parte.
Las personas jurídicas.
Quienes representen a un/a interesado/a, en todo caso.
Las personas físicas.
Calendario de vacaciones.
La realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional motivada por razones técnicas u organizativas.
Horario y distribución del tiempo de trabajo.
El traslado del/la trabajador/a a un centro de trabajo del que se derive un cambio de residencia.
La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
El incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Los criterios generales de acción social.
Sustituir directamente los Reglamentos vigentes, con carácter obligatorio, incluso sin publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Unificar el procedimiento de elección de los/as Presidentes/as de cada una de las Cámaras.
Regular las sesiones conjuntas de Congreso y Senado.
Regular el procedimiento legislativo ordinario y de urgencia.
Nombrado/a por el Consejo de la Unión Europea a propuesta conjunta de los Estados miembros y ratificado/a por el Parlamento Europeo por mayoría simple.
Designado/a por el Consejo Europeo por mayoría cualificada y posteriormente confirmado/a por mayoría cualificada en el Parlamento Europeo.
Propuesto/a por el Consejo Europeo, que decide por mayoría cualificada, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo; y es elegido/a posteriormente por el Parlamento Europeo por mayoría de sus miembros.
Elegido/a directamente por el Parlamento Europeo mediante sufragio secreto sin intervención previa del Consejo Europeo.
Únicamente la existencia de acuerdo del/la Ministro/a o Presidente/a o Director/a del Organismo autónomo sobre la distribución por cajas pagadoras del gasto máximo asignado.
La existencia de acuerdo del/la Ministro/a o Presidente/a o Director/a del Organismo autónomo sobre la distribución por cajas pagadoras del gasto mínimo asignado y que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente.
La existencia de acuerdo de la Habilitación sobre la distribución por cajas pagadoras del gasto máximo asignado y que la propuesta de pago se basa en resolución de dicha autoridad competente.
La existencia de acuerdo del/la Ministro/a o Presidente/a o Director/a del Organismo autónomo sobre la distribución por cajas pagadoras del gasto máximo asignado y que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente.
Únicamente estarán incluidos/as en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de trabajo.
En materia de Seguridad Social, no estarán incluidos/as a efectos de la contingencia por desempleo cuando sean liberados de prisión.
Están sujetos/as a una relación laboral especial penitenciaria y quedarán incluidos/as en su correspondiente Régimen Especial de la Seguridad Social.
Están sujetos/as a una relación laboral especial penitenciaria y quedarán incluidos/as en el Régimen General de la Seguridad Social.
El Centro Directivo procederá a la conducción e ingreso en el centro hospitalario, dando cuenta seguidamente al/la Juez/a de la Sección de Vigilancia.
El/la Director/a procederá a la conducción e ingreso en el centro hospitalario, dando cuenta seguidamente al Centro Directivo.
El/la Juez/a de la Sección de Vigilancia procederá a la conducción e ingreso en el centro hospitalario, comunicándolo al/la Director/a del establecimiento.
La Subdirección Médica procederá a la conducción e ingreso en el centro hospitalario, dando cuenta seguidamente a la Dirección del establecimiento.
El ajuste emocional.
La comprensión.
La impulsividad.
La orientación espacio-temporal.
El juez decidirá la calificación en cada caso concreto.
En todo caso, como leve.
Se calificará el delito como leve o menos grave en atención al grado de ejecución alcanzado y perjuicio causado.
En todo caso, como menos grave.
40 años.
20 años.
25 años.
30 años.
Aunque no haya mediado culpa por su parte.
En el caso de culpa por su parte y con exención de cualquier responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los inimputables.
En todo caso.
Siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte.
Casación.
Apelación.
Queja.
Reforma y subsidiario de apelación.
Solicitar al órgano judicial la rebaja de la sanción en uno o dos grados cualquiera que sea la duración de la pena prevista para el delito con cuya relevación se hubiese amenazado.
Abstenerse de acusar por dicho delito salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión de hasta dos años.
Abstenerse de acusar por dicho delito salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos años.
Abstenerse de acusar por dicho delito salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a tres años.
Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas proceden de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa no pueden ser derogados.
No se pueden derogar de manera individual artículos de un reglamento, sino que debe derogarse el reglamento completo.
Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general si aquéllas proceden de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente que instruirá y sancionará.
A instancia de parte, mediante denuncia y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora.
De oficio o a instancia de parte y establecerán la debida separación entre la fase instructora, que se encomendará a órganos distintos.
La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
La adquisición o el arrendamiento de valores negociables.
La adquisición de productos o bienes inmuebles.
El arrendamiento, con o sin opción a compra de propiedades incorporales.
Establecimiento por escrito de un periodo de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos.
La intimidad en el uso de los dispositivos puestos a su disposición por el/la empleador/a, la desconexión digital y la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización.
La promoción económica en los términos fijados en el Convenio Colectivo.
La percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.
La exención total de obligación de asistencia al puesto de trabajo, con liberación de la integridad del cumplimiento de la jornada.
La exención de la obligación de asistencia al puesto de trabajo en los días que se acuerden entre la Administración General del Estado y la organización sindical correspondiente.
La concesión de unos créditos horarios de número variable en función de la representatividad de la organización sindical a la que representa.
El derecho preferente a escoger turno de vacaciones si éste es el régimen establecido en el departamento u organismo al que pertenezca.
El Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta de sus miembros, siendo ratificado por el Senado por mayoría cualificada de tres quintas partes de los/as senadores/as.
El Senado, por mayoría cualificada de tres quintas partes de los/as senadores/as.
El Senado, por mayoría absoluta de sus miembros.
El Congreso de los Diputados, por mayoría simple de los/as diputados/as.
Control del ejercicio de funciones delegadas por el Estado a las Comunidades Autónomas.
Proyectos de Decretos legislativos.
Disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo.
Conflictos de atribuciones entre los distintos Departamentos ministeriales.
Es vicepresidente/a de la Comisión y preside el Consejo de Asuntos Exteriores.
Es elegido/a por el Parlamento Europeo por mayoría cualificada.
Es miembro del Consejo Europeo con voz y voto.
Ejerce poderes ejecutivos autónomos en materia de Política Exterior y de Seguridad Común sin control del Consejo.
Anualmente su anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Ministerio del Interior para su posterior tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Anualmente su anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para su posterior tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Anualmente su proyecto de presupuesto conjuntamente con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y lo remitirá al Ministerio del Interior, para su aprobación.
Anualmente su anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Ministerio de Educación y Formación Profesional para su posterior tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Los actos administrativos verbales no surtirán efectos, siendo obligatorio dejar constancia de forma escrita.
Sí, los actos administrativos pueden tener forma verbal.
En ningún caso pueden ser verbales los actos administrativos.
Sí, pero solamente por razones de urgencia.
No tiene la consideración de acto administrativo, salvo posterior resolución administrativa expresa.
Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo, pero no finaliza el procedimiento.
Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
Será necesaria la solicitud por parte del/la interesado/a del certificado acreditativo del silencio.
Cinco años.
Dos años.
Un año.
Tres años.
El atentado grave a la dignidad de los/as funcionarios/as o de la Administración.
La prevalencia de la condición de empleado/a público/a para obtener un beneficio indebido para sí o para otro/a.
El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los/as administrados/as.
Dirigir o coordinar unidades administrativas.
Ejercer funciones exclusivamente de asesoramiento político.
Asesorar, planificar y coordinar la ejecución del trabajo para la consecución de los objetivos asignados.
Impulsar la innovación y mejora de los servicios.
El/la Presidente/a del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y veinte miembros. De éstos, diez serán elegidos/as entre Jueces/as y Magistrados/as de todas las categorías judiciales, y diez entre abogados/as y otros/as juristas, todos/as ellos/as de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
El/la Presidente/a del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y veinte miembros. De éstos, doce serán elegidos/as entre Jueces/as y Magistrados/as de todas las categorías judiciales, y ocho entre abogados/as y otros/as juristas, todos/as ellos/as de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
El/la Presidente/a del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y veinte miembros. De éstos, doce serán elegidos/as entre Jueces/as y Magistrados/as de todas las categorías judiciales, y ocho entre abogados/as y otros/as juristas, todos/as ellos/as de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Veinte miembros, incluyendo al/la Presidente/a del Tribunal Supremo, que lo presidirá. De los vocales, siete serán elegidos/as entre Jueces/as y Magistrados/as de todas las categorías judiciales, y doce entre abogados/as y otros/as juristas, todos/as ellos/as de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
La Intervención General de la Administración del Estado a través de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones Delegadas y los/as funcionarios/as que aquélla designe.
La Intervención General de la Administración del Estado exclusivamente a través de sus Intervenciones Territoriales.
La Intervención General de la Administración del Estado exclusivamente a través de sus Intervenciones Delegadas.
La Intervención General de la Administración del Estado, la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y por los/as funcionarios/as que aquélla designe.
Servicio activo.
Servicios especiales.
Servicio en otras Administraciones Públicas.
Excedencia voluntaria por interés particular.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años y las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a los dos años.
Las infracciones leves prescribirán al año.
Las sanciones leves prescribirán a los seis meses.
El plazo de prescripción de las faltas continuadas comenzará a contarse desde el inicio de su comisión.
20 días hábiles.
20 días naturales.
Tres meses.
Un mes.
Las Cortes Generales, previa audiencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
Las Cortes Generales, previo informe favorable del Tribunal de Cuentas.
Acuerdo conjunto del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local.
Acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del/la Ministro/a de Hacienda.
La duración de la condena que el/la condenado/a aún deba cumplir deberá ser, en todo caso, de al menos seis meses a la fecha de la emisión de la petición.
La duración de la condena que el/la condenado/a aún deba cumplir deberá ser, en todo caso, de al menos un año a la fecha de recepción de la petición.
En casos excepcionales, las partes podrán acordar el traslado aun cuando el tiempo de condena que reste por cumplir sea inferior a seis meses.
El traslado podrá acordarse sin tomar en cuenta el tiempo de condena que le reste por cumplir al/la condenado/a en caso de ser nacional del Estado de cumplimiento.
Ha sido elaborada por la doctrina y se encuentra recogida en el Reglamento Penitenciario.
Está recogida únicamente en la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Ha sido elaborada por la doctrina y no se encuentra recogida en la legislación penitenciaria.
Está recogida tanto en la Ley Orgánica General Penitenciaria como en el Reglamento Penitenciario.
Que se trate de condenados/as por delitos graves.
Que se trate de condenados/as a más de 10 años de prisión.
Que la resolución objeto del recurso de apelación se refiera a materia de derechos fundamentales.
Que la resolución objeto de recurso de apelación se refiera a materia de ejecución de penas.
En aquellos casos que lo aprecie el órgano sentenciador en atención, exclusivamente, a la duración de la instrucción de la causa.
Solo cuando sea atribuible a las acusaciones.
Únicamente en los casos en los que la causa sea compleja.
Siempre que no sea atribuible al propio inculpado.
El condenado no podrá cumplirla mediante localización permanente en caso de delitos leves.
El órgano judicial, sin necesidad de la conformidad del penado, podrá acordar que la responsabilidad se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad.
En los supuestos de multa proporcional, el órgano judicial podrá establecer, según su prudente arbitrio, la responsabilidad que proceda, que no podrá exceder, en ningún caso, de dos años de duración.
No se impondrá a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años.
Que la víctima fuera menor de edad.
Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal o secuestro con la intención de atentar contra la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o hubiera actuado posteriormente con esa finalidad.
Que la víctima sea o haya sido la esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.
Que la víctima fuera una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
La producida al sufrir más de un delito.
La provocada por el/la propio/a delincuente.
La que ocurre dentro del ámbito familiar.
La generada por el sistema penal o instituciones tras la denuncia.
El/la Subsecretario/a del Departamento en que esté destinado el/la funcionario/a, en todo caso.
El/la Ministro/a del Departamento donde esté destinado el/la funcionario/a.
Los/as Directores/as Generales con la autorización del/la Subsecretario/a del Departamento.
El/la Delegado/a del Gobierno con la autorización del/la Subsecretario/a del Departamento.
Visitar los lugares de trabajo para controlar el estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona y comunicarse durante la jornada con los/as trabajadores/as.
A una dispensa acumulable en días de vacaciones.
Ser informados/as por el/la empresario/a sobre los daños producidos en la salud de los/as trabajadores/as una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo personarse en el lugar de los hechos.
Acceder a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa y a ser oídos en los despidos y sanciones de sus afiliados/as.
La colaboración permite a una Administración imponer pautas obligatorias de actuación general a otra, siempre que exista un interés supraterritorial.
La colaboración se fundamenta en la voluntariedad y en la reciprocidad, mientras que la coordinación implica la posibilidad de imponer directrices obligatorias para garantizar la coherencia del sistema.
La coordinación requiere siempre el consentimiento expreso de las Administraciones afectadas para ser jurídicamente eficaz.
La coordinación y la colaboración son equivalentes, ya que ambas permiten integrar competencias sin alterar su titularidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución de 1978 y el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.
Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias relativas al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
La situación de necesidad haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
El necesitado tenga, por su oficio, obligación de sacrificarse.
El mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
El medio sea necesario y racional para evitar la agresión ilegítima.
Ante el órgano judicial superior competente.
Solo ante el órgano judicial instructor.
Ante el mismo órgano judicial que hubiera dictado la resolución que se recurre para que lo remita al órgano judicial superior competente.
Ante el mismo órgano judicial que hubiera dictado la resolución que se recurre para que el mismo lo resuelva.
El órgano superior jerárquico de quien dictó el acto administrativo causante de la lesión.
El subsecretario/a del departamento ministerial del ámbito en el que se dictó el acto administrativo que originó la lesión.
El órgano superior jerárquico del instructor del procedimiento de responsabilidad patrimonial.
El ministro/a respectivo o el Consejo de ministros en los casos del artículo 32.3 de la LRJSP o cuando una ley así lo disponga.
Ante el superior jerárquico del órgano administrativo que lo dictó, que también será el competente para su resolución.
Ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia competente.
Ante el órgano administrativo que los dictó, que los remitirá al superior jerárquico para su resolución.
Ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución.
Las disposiciones que establezcan las garantías para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga y, en su caso, de los servicios o dependencias y los porcentajes mínimos de personal necesarios a tal fin.
Los procesos de conflictos colectivos.
La reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral.
Los procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
Instituciones Penitenciarias, Dirección General de Tráfico, Administración de Justicia.
Instituciones Penitenciarias, Delegaciones de Gobierno, Patrimonio Nacional, Museo del Prado.
Instituciones Penitenciarias, Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Española de Protección de Datos, IMSERSO.
Instituciones Penitenciarias, Dirección General de Consumo, Dirección General de la Función Pública, Dirección General de Política Interior.
Los que sufra el/la trabajador/a al ir o al volver del lugar de trabajo.
Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el/la trabajador/a, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente.
STJUE Van Gend en Loos (1963).
STJUE Internationale Handelsgesellschaft (1970).
STJUE Simmenthal (1978).
STJUE Costa/ENEL (1964).
No puede ser suspendida su ejecución en ningún caso.
Sí, en cualquier caso.
Sí, cuando se puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación.
Sí, previo informe favorable del Consejo de Estado.
Cuatro años a partir de la fecha en que se hubiesen hecho efectivas.
Dos años a partir de la fecha en que se hubiesen solicitado.
Cuatro años a partir de la fecha en que se hubiesen solicitado.
Dos años a partir de la fecha en que se hubiesen hecho efectivas.
Impulsar la innovación en la actuación del sector público.
Contribuir a mejorar la situación de los retos de la sociedad y del desarrollo sostenible.
Garantizar la reducción automática del gasto público en todas las políticas.
Optimizar el proceso de toma de decisiones públicas, sugiriendo recomendaciones sobre su diseño e implementación.
La Junta de Tratamiento.
El Centro Directivo.
El/la Director/a.
El Consejo de Dirección.
Individualización.
Transparencia.
Colaboración.
Especialización.
Funcionarios/as de carrera del grupo A, subgrupo A2.
Personal Laboral del grupo profesional M3 sujeto al IV Convenio colectivo único para personal laboral de la Administración General del Estado.
Personal Laboral del grupo profesional M2 sujeto al IV Convenio colectivo único para personal laboral de la Administración General del Estado.
Funcionarios/as de carrera del grupo A, subgrupo A1.
Ser ofendido por el delito.
Ser víctima de la comisión de un delito grave.
Interponer querella y prestar fianza.
Interponer querella, sin necesidad de prestar fianza.
Cualquiera que sea la gravedad de la imprudencia.
Solo cuando la imprudencia sea grave.
Únicamente si la víctima resulta con lesiones graves.
Solo cuando la imprudencia sea menos grave.
La existencia de una estructura jerárquica estable y continuidad temporal.
La utilización de violencia directa.
La motivación económica.
Su dedicación a la comisión de delitos contra el patrimonio.
Un 5% del total de plazas, no estableciendo porcentajes específicos para el tipo de discapacidad que las personas acrediten.
Un 7% del total de plazas, de manera que, al menos el 2% de las plazas ofertadas, lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.
Un 10% del total de plazas, de manera que, al menos un 3% de las plazas ofertadas, se cubra con personas que acrediten discapacidad sensorial.
Un 7% del total de plazas, de manera que, al menos un 3% de las plazas ofertadas, se cubra con personas que acrediten discapacidad física.
El derecho de acceso a su expediente solo se podrá ver limitado por razones de tratamiento, de forma individualizada y fundamentada.
El derecho de acceso a su expediente podrá verse limitado de forma individualizada y fundamentada en concretas razones de seguridad.
El/la interno/a únicamente tiene derecho a solicitar el acceso a los documentos de su expediente personal cuando no conste que le hubiesen sido notificados.
El/la interno/a tiene, en todo caso, derecho de acceso a su expediente personal, sin que pueda ser limitado de forma alguna.
Por motivos de seguridad, no habrá en estos departamentos servicios de peluquería ni barbería.
En las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de tres internos/as juntos. Este número podrá aumentarse hasta un máximo de seis para la ejecución de actividades programadas.
Diariamente deberán practicarse registros en las celdas y cacheos a los/as internos/as.
Los/as internos/as disfrutarán, como máximo, de dos horas diarias de salida al patio.
En la mitad superior de la que fije la ley para el delito.
Superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior.
En la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.
Superior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias agravantes.
Se impondrá la pena inferior en uno o dos grados si el consentimiento es otorgado por una persona mayor de 16 años con madurez suficiente.
Será válido el consentimiento otorgado por una persona con discapacidad necesitada de especial protección si se emite con carácter previo a la comisión de las lesiones.
Se impondrá la pena inferior en uno o dos grados.
Se impondrá la pena en su mitad inferior.
La información pública a través de las Asociaciones de interés privado.
El trámite de audiencia, de carácter obligatorio, en la elaboración de normas organizativas de la Administración Local, así como la información pública, en su caso.
La consulta pública, de carácter obligatorio, en la elaboración de normas presupuestarias de la Administración General del Estado, así como la información pública, en su caso.
La consulta pública con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento y el trámite de audiencia cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, así como la información pública, en su caso.
En el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.
En el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.
En el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.
En el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la fecha de la resolución impugnada.
Intermediar en caso de conflicto colectivo.
Elegir las vacantes que serán incluidas en el concurso abierto y permanente por cada departamento ministerial.
Recibir información sobre las vacantes que serán incluidas en el concurso abierto y permanente y los criterios para su determinación.
Participar en la resolución del concurso abierto y permanente.
Municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas.
Municipios limítrofes, siempre que pertenezcan a la misma comunidad autónoma.
Únicamente los municipios pertenecientes a una misma provincia.
Cualquier municipio, siempre que cuente con menos de 5.000 habitantes.
El Título V del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
El Título III del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
El Título VI del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
El Título IV del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
Los/as internos/as trabajadores/as tendrán derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido. También serán días de descanso las fiestas locales donde radique el centro penitenciario.
La retribución que reciban los/as internos/as trabajadores/as se determinará exclusivamente en función del horario de trabajo efectivamente cumplido.
Las vacaciones anuales de los/as internos/as trabajadores/as tendrán una duración de veintidós días hábiles o la parte proporcional que corresponda en su caso. El momento de disfrute se determinará por la Dirección del establecimiento penitenciario.
Las ausencias del trabajo, siempre que sean justificadas dentro de los términos establecidos, serán retribuidas.
El personal de alta dirección contemplado en el artículo 2.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás normas legales de aplicación.
El Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA).
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
La Administración de Justicia no transferida.
Deducirá testimonio por el quebrantamiento.
Impondrá una multa proporcional a la gravedad del quebrantamiento.
Dejará en suspenso su ejecución hasta que el sujeto reanude el cumplimiento de la medida, y sin que compute el tiempo transcurrido durante el quebrantamiento como de cumplimiento de la medida.
Ampliará el plazo de duración de la medida quebrada hasta que desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto.
Que el impago se prolongue durante un mínimo de seis meses consecutivos o doce no consecutivos.
Que la prestación esté destinada exclusivamente a alimentos.
Que el impago se produzca durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.
Que exista previa querella de la persona ofendida o su representante legal.
La desafectación supone que un bien o derecho adquiere la condición de demanial.
Salvo en los supuestos previstos legalmente, la desafectación deberá realizarse siempre de forma expresa.
La desafectación de un bien de dominio público exige, en todo caso, la aprobación mediante ley.
La desafectación de un bien o derecho del Patrimonio del Estado, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, se denomina "transferencia patrimonial".
Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular devengarán las retribuciones básicas.
No les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
No podrá declararse cuando al/la funcionario/a público/a se le instruya expediente disciplinario.
Podrán obtenerla los/as funcionarios/as de carrera que hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.
La accesibilidad universal.
El carácter sectorial de las políticas en materia de discapacidad.
La segregación funcional para garantizar la eficiencia.
La tramitación preferente de sus solicitudes.
Cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial.
Cuando las actividades principales del/la responsable o del/la encargado/a no consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 del RGPD.
Cuando las actividades principales del/la responsable o del/la encargado/a no consistan en el tratamiento de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10 del RGPD.
Cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, incluidos los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial.
El/la juez/a competente solicitará en todo caso autorización al Estado en el que se ha cometido el delito con el fin de tomarle declaración a través de una solicitud de auxilio judicial.
El/la juez/a competente podrá solicitar autorización al Estado en el que se encuentre la persona reclamada con el fin de tomarle declaración a través de una solicitud de auxilio judicial.
El ministerio fiscal podrá solicitar autorización al Estado en el que se ha cometido el delito con el fin de tomarle declaración a través de una solicitud de auxilio judicial.
El ministerio fiscal podrá solicitar autorización al Estado en el que se encuentre la persona reclamada con el fin de tomarle declaración a través de una solicitud de auxilio judicial.
Veinte Consejeros/as de Cuentas, uno/a de los/as cuales será el/la Presidente/a, y el/la Fiscal, correspondiendo entre sus funciones la distribución de asuntos entre las Secciones.
Doce Consejeros/as de Cuentas, uno/a de los/as cuales será el/la Presidente/a, y el/la Fiscal. El cuórum para la válida constitución del Pleno será el de dos tercios de sus componentes y sus acuerdos serán adoptados por mayoría de asistentes.
Veinte Consejeros/as de Cuentas, uno/a de los/as cuales será el/la Secretario/a, y el/la Fiscal, correspondiendo al Pleno la función fiscalizadora.
Doce Consejeros/as de Cuentas, uno/a de los/as cuales será el/la Secretario/a, y el/la Fiscal. El cuórum para la válida constitución del Pleno será el de tres quintos de sus componentes y sus acuerdos serán adoptados por mayoría de asistentes.
Las modificaciones pueden realizarse por los órganos gestores.
Pueden modificarse durante el ejercicio mediante transferencias, generaciones y ampliaciones, entre otras.
Exclusivamente pueden modificarse mediante transferencias y suplementos de crédito.
Solo pueden modificarse mediante créditos extraordinarios.
Si el autor exterioriza explícitamente su motivación racista o discriminatoria en la comisión del delito.
En el caso que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta.
Con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta.
Siempre que la víctima del delito pertenezca a un colectivo especialmente protegido por las leyes.
Adscripción provisional.
Concurso.
Permuta.
Comisión de servicios.
La individualización del tratamiento.
La programación del tratamiento.
El carácter continuo y dinámico del tratamiento.
El carácter progresivo en grados de tratamiento.
Limitación de las comunicaciones orales durante tres semanas.
Aislamiento de tres fines de semana.
Privación de paseos y actos recreativos comunes, en cuanto sea compatible con la salud física y mental, que no podrá ser superior a dos meses.
Privación de permisos de salida durante un mes.
20 días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria.
20 días naturales siguientes al de la publicación de la convocatoria.
10 días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria.
10 días naturales siguientes al de la publicación de la convocatoria.
Será condenado con la pena prevista para el tipo básico en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio.
Será condenado con la pena prevista para el tipo básico en su mitad superior y con la de inhabilitación absoluta.
Será condenado con la pena prevista para el tipo básico en su mitad superior y con la de suspensión para empleo o cargo público.
Será condenado con la pena prevista para el tipo básico en su mitad inferior siempre que no se derive riesgo grave para la salud de las personas.
Aunque no exista acta previa a la ocupación.
Solo cuando hay declaración de urgencia.
Únicamente con consentimiento del/la propietario/a.
Solo para bienes muebles.
Decretos y Providencias.
Decretos, Providencias y Diligencias.
Autos, Decretos y Providencias.
Decretos y Diligencias.
Procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social, así como sobre el grado de incapacidad permanente aplicable.
Contra las sentencias que decidan sobre la falta de jurisdicción por razón de la materia o de competencia territorial o funcional.
Procesos relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones.
Procesos por despido o extinción del contrato, salvo en los procesos por despido colectivo impugnados por los/as representantes de los/as trabajadores/as.
10 años.
6 meses.
1 año.
5 años.
La Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico, podrá solicitarlo del/la Juez/a de la Sección de Vigilancia Penitenciaria.
La Junta de Tratamiento, de oficio, podrá solicitarlo del órgano sentenciador.
El/La directora/a del Establecimiento, de oficio o a instancia de la Junta de Tratamiento, podrá solicitarlo del/la Juez/a de la Sección de Vigilancia Penitenciaria.
El Consejo de Dirección, previa propuesta de la Junta de Tratamiento, podrá solicitarlo al/la Juez/a de la Sección de Vigilancia Penitenciaria.
El control a priori del gasto presupuestario.
La detección de las necesidades y expectativas de los/as usuarios/as acerca de los aspectos esenciales del servicio.
Sustituir las auditorias financieras.
Limitar la necesidad de la publicidad activa.
No.
Sí.
Sólo si el nuevo proceso se sigue por un delito grave.
Sólo si el nuevo proceso se sigue por un delito contra la vida o la integridad de las personas.
La declaración administrativa expresa.
La desaparición del uso o servicio público que justificaba la desafección.
La usucapión extraordinaria por un particular.
La declaración legal que despoja al bien de su carácter demanial.
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